Luego de que organizaciones sociales y civiles acusaran la existencia de aspirantes a juzgadores relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló, por lo que en los listados se colaron defensores de delincuentes.
Ante ello, el senador de Morena llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar una revisión exhaustiva de las candidaturas al Poder Judicial y retirarles el registro a candidatos que no cumplan con la exigencia constitucional de probidad.
“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión, y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría —los tenemos contabilizados— son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo… sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, indicó.
Entre los juzgadores señalados por la ONG Defensorxs y Laboratorio Electoral están Fernando Escamilla, abogado a juez federal en Nuevo León, quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de Los Zetas, y Silvia Delgado, aspirante a juez penal, quien formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, subrayó que fue el Senado el que revisó la lista de candidaturas al Poder Judicial, en primera instancia, y detalló que, una vez que haya resultados de las votaciones, el instituto le entregará una lista para que sea la Cámara alta la que determine si algún ganador no cumple con los requisitos de elegibilidad.
Demandan bajar a narcocandidatos; admiten que se les colaron algunos
Fernández Noroña afirma que los tienen contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo
Luego de las denuncias de distintas organizaciones sociales y civiles que han detectado distintos perfiles relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló en impedir que se colaran a la elección perfiles como abogados de narcotraficantes.
“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo.
“Es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección”, dijo.
Interrogado sobre el acuerdo el INE para depurar estos perfiles, dijo que “no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación”.
Aseguró que “sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.
Sobre la posibilidad de que el Senado impugne este acuerdo del INE, adelantó que no lo hará: “Yo creo que va tarde, yo creo que va tarde el acuerdo y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo sino de los casos que se presenten.
“Y no deberían esperar a que haya terminado la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, afirmó.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, afirmó que Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez federal en Nuevo León, ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas: Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.
Otro caso es el de Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal en la entidad y fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de crystal y un arma de fuego.
Según Laboratorio Electoral, entre los candidatos polémicos están César Gutiérrez Priego, quien llevó el caso de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en 1997 por presuntos vínculos con el narco.
Mauricio Flores Castro, candidato a ministro, defendió a Juan Collado, relacionado con casos de corrupción y lavado de dinero en el sexenio de Enrique Peña.
Francisco Herrera Franco, fiscal de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles, competirá para ser juez pese a sus presuntos vínculos con el crimen organizado al ser grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro.
Asimismo, Silvia Delgado, aspirante a juez penal, formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Sobre el juicio que se le siguió a El Chapo en 2016 dijo a la Deutsche Welle: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.
Francisco Martín Hernández busca ser magistrado, pero en 2015 fue destituido como juez por corrupción, lavado de dinero y abuso sexual.
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