La deuda con los parientes de los desaparecidos por la inseguridad y la violencia de los últimos cuatro años en esta entidad, es superior a los 12 mil millones de pesos en deuda que la actual administración heredara al próximo gobierno. Porque la dignidad de las personas y sus derechos no tienen precio y aunque se han creado organismos públicos para recuperar a las personas que un día salieron de sus hogares y no regresaron, los entes creados para esos fines carecen de herramientas y recursos que les permitan dar respuesta a esa demanda de la sociedad tamaulipeca. Más aún los organismos no gubernamentales coinciden en que el 99 por ciento de las denuncias ante un ministerio público están impunes.
Los familiares de los desaparecidos se reunieron ayer en el centro de excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde escucharon ponencias sobre los daños derivados por la ausencia de personas, que un día formaron parte del núcleo familiar y social, pero que al amanecer o anochecer desaparecieron.
Decenas de víctimas ocuparon la sala principal, permanecieron en la sala hasta concluir la celebración del día internacional de las desapariciones forzadas. Que los participantes optaron por llamar un día de luto por los desaparecidos.
La interpretación más completa sobre el fenómeno de las desapariciones estuvo a cargo de Josefina de León, quien también es víctima por la desaparición de su hija. Afirmó que la cifra de los desaparecidos asciende a más 7 mil personas durante los últimos cuatro años.
Y la cifra podría incrementarse conforme otras víctimas documenten sus denuncias ante las instancias legales que ha creado el estado para esas cuestiones. Pero también hay quejas en contra de las fiscalía, porque los parientes de los desaparecidos consideran que hay una revictimización de parte de la autoridades, que se niega a investigar el paradero de los no localizados.
Tiene razón la señora cuando destaca que las cifras por la violencia y la inseguridad son mayores, porque agrega las personas desplazadas de sus lugares de origen, que en la mayoría de los casos se trata de familias completas lo mismo que de núcleos de población, rural o urbano.
Es una explicación de las viviendas abandonadas en zonas rurales y urbanas, circunstancia ante la que las autoridades gubernamentales han preferido asilenciar y por lo mismo, los quejosos aseguran que es la propia autoridad quien a hecho lo propio para impedir que los familiares de los desaparecidos se organicen.
Por esa razón los quejosos argumentan que los protocolos de búsqueda no se han aplicado en ninguno de los casos denunciados en las nueve fiscalías designadas para conocer las denuncias por la desaparición de personas.
El resultado final de la impunidad en estas circunstancias, no solo está generando una sociedad angustiada que vive en un estado de alerta permanente, ante un aparato gubernamental con una notoria ausencia de voluntad para resolver las demandas de sus gobernados. Y una academia que arrastra un rezago en su preferencia por la problemática que se deriva de la violencia y la inseguridad propia de esta década.
Por lo mismo resulta necesario construir políticas públicas encaminadas no solo a reparar el daño material de las víctimas con dadivas y despensas, sino recuperar a los desaparecidos. Sin dejar de lado, la necesidades económicas que representa la ausencia de la figura económica en las familias, que se duelen de la desaparición de uno de sus integrantes.
Pero sobre todo se trata de una deuda impagable, que no permite avales ni cargos a participaciones. La sangre gime, dice el gran libro.
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