El proceso electoral entro el recta final hacia la elección del 8 de junio, donde se elegirán cargos de elección popular. Los resultados son inadvertidos porque los instrumentos de mediciones, han sido manipulados una vez por quienes pagan ese tipo de ejercicios.
Lo que sí ha quedado al descubierto, es que los órganos electorales se rigen por el sentido positivo propio de toda legislación, en este caso electoral y se olvidaron del sentido moral que establecen las reglas del juego.
Quizá por ese motivo, ha resultado cómodo y permisivo las posturas del Instituto Estatal Electoral y del propio Instituto Nacional Electoral, ante las campañas de miedo, de desprestigio y de ataques que han presenciado los ciudadanos tamaulipecos durante la campaña electoral.
Porque a los organismos encargados de organizar la elección, poco o nada les importa que se hagan y se digan los contendientes. Pues mientras la ley no lo prohíba, se deduce que está permitido. Al menos es lo que han demostrado los árbitros electorales.
Ya que sino está en la ley, aducen a la simplicidad de que tal o cual organismo está imposibilitado para actuar de oficio. Y desde hace más de 18 años los padecimientos, las limitaciones de los organismos electorales, son los mismos.
Así tenemos que no obstante que hace 6 años asesinaron a uno de los candidatos, los organismos electorales enmudecieron, ni siquiera por ese motivo hubo una moción en las mesas donde se planean, se organizan y se ejecutan los protocolos de la elección.
Pero si se interpela a los mandos encargados de los procesos de elecciones, estos se escudan en que los Congresos, los partidos y los gobiernos son los responsables de que haya legislaciones complejas, sujetas a la interpretación, a modo de las preferencias del proyectista.
Resulta más atractivo para los órganos electorales organizar tareas disuasivas, como elecciones entre menores de edad, porque estas generan una imagen de civismo. Y prefieren alejarse de la remota posibilidad de emitir una moción, cuando los contendientes han rebasado los límites de la moral social y se han internado en la incivilidad. Pero como para eso hay otras instancias. Lo más fácil es cruzar los brazos y ni siquiera dar parte a la fiscalía o al tribunal, porque no es su competencia.
Y cuando las situaciones extremas llegan al instancia judicial, la magistrada se traga las uñas, recurre a su anterior Jefe, convierte la sala en una “chimenea”. Porque lo que hay en su historial de derecho electoral, del que dio cátedra, fue de fumadora compulsiva. Al menos esa es la referencia que se ha hecho pública en el medio de los abogados litigantes.
En la última entrevista que la magistrada dio a los medios informativos, precisamente en un acto con menores de edad organizado por el Ietam en el Polyforum, textualmente dijo a los comunicadores que la entrevistaban. “Pues miren ustedes ahí le estamos entendiendo a la ley electoral”. ¡Ay Lincoln, Lincoln! diría una amigo de Weslaco, para que la liberabas.
Al final del cuadro, es evidente que quienes se rentan como árbitros electorales son asalariados, burócratas de los gobiernos más que de los ciudadanos. Y como todo obrero, cuidan su empleo y su salario. Son árbitros de escritorio y olla.
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